Tras la reunión que tuvieron las provincias de Santiago del Estero y Tucumán con el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan José Mussi, quien ofreció un plan de gestión integral para sanear la cuenca Salí-Dulce y principalmente el embalse Río Hondo a condición de que se evite judicializar la demanda, la representación santiagueña ratificó ante una consulta de la Corte Suprema de la Nación que el amparo ambiental sigue vigente, ya que no ven intenciones del empresariado de cesar la contaminación.
La posición expuesta por Mussi se había fundamentado en que la actuación de la Justicia en el caso de la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo no fue la más acertada, y por ello Tucumán se interesó en desactivar la vía judicial, en virtud de que un pronunciamiento de competencia de la Corte podría derivar en que tenga que compartir la administración de sus ríos con un órgano interjurisdiccional.
El defensor del Pueblo santiagueño, Martín Díaz Achával, dejó entrever su molestia con la actitud de la Corte Suprema, ya que la notificación no fue enviada a las partes del conflicto, ni a los demandantes (Defensoría y Fiscalía) ni demandados (los empresarios).
“La Defensoría mucho no puede hablar porque no fuimos invitados, se convocó a la Secretaría del Agua de la provincia y la Dirección de Ambiente de Santiago, y al Gobierno de Tucumán, que no es ni demandado en el caso que tenemos”, expuso.
Remarcó que por esta situación “cualquier acuerdo que firme el Gobierno de Tucumán no es válido, no podemos tomarlo en serio”.
Además, el ombudsman reconoció que existe buena voluntad del Estado tucumano, pero que es “impotente para solucionar este tema, notoriamente no puede guiar a su empresariado para evitar la sentencia de la Corte”.
Por eso sostuvo: “Mal podemos nosotros retirar la demanda cuando no están dadas las condiciones para que haya un cumplimiento satisfactorio de los objetivos que perseguimos al presentar la demanda, que para nada es el cierre de las empresas tucumanas, sino que cese la contaminación”.
Al respecto, integrantes de la agrupación de pescadores de Las Termas expusieron ante el ministro de Justicia, Ricardo Daives, la delicada situación laboral que padecen a raíz de la contaminación, dado que cesó la actividad en el embalse ante la escasez de fauna ictícola.
Respuesta oficial
El encargado de ratificar la postura de Santiago del Estero ante la Corte es el fiscal de Estado, Raúl Abate, quien programó el viaje a Capital Federal para hacer las presentaciones pertinentes.
“Vamos a confirmar el estado que está en la causa y la postura”, manifestó, y dijo que espera por el pronunciamiento sobre si se declara competente el máximo tribunal del país.
Al ser consultado sobre la posición de Mussi quien expresó que no comparte la judicialización de la problemática ambiental, Abate recalcó: “Los afectados somos nosotros, la provincia, el afectado no es él que no está de acuerdo con la judicialización, pero no tenemos otro camino”.
Además, recordó que “las acciones hasta el momento han sido direccionadas contras las empresas, y empresarios, y por lo que tengo entendido, los empresarios no se han acercado a tratar de cumplir con nuestro pedido, las buenas intenciones que tienen los funcionarios no se compadecen de las que tienen los empresarios”, reprochó el funcionario provincial.
La posición expuesta por Mussi se había fundamentado en que la actuación de la Justicia en el caso de la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo no fue la más acertada, y por ello Tucumán se interesó en desactivar la vía judicial, en virtud de que un pronunciamiento de competencia de la Corte podría derivar en que tenga que compartir la administración de sus ríos con un órgano interjurisdiccional.
El defensor del Pueblo santiagueño, Martín Díaz Achával, dejó entrever su molestia con la actitud de la Corte Suprema, ya que la notificación no fue enviada a las partes del conflicto, ni a los demandantes (Defensoría y Fiscalía) ni demandados (los empresarios).
“La Defensoría mucho no puede hablar porque no fuimos invitados, se convocó a la Secretaría del Agua de la provincia y la Dirección de Ambiente de Santiago, y al Gobierno de Tucumán, que no es ni demandado en el caso que tenemos”, expuso.
Remarcó que por esta situación “cualquier acuerdo que firme el Gobierno de Tucumán no es válido, no podemos tomarlo en serio”.
Además, el ombudsman reconoció que existe buena voluntad del Estado tucumano, pero que es “impotente para solucionar este tema, notoriamente no puede guiar a su empresariado para evitar la sentencia de la Corte”.
Por eso sostuvo: “Mal podemos nosotros retirar la demanda cuando no están dadas las condiciones para que haya un cumplimiento satisfactorio de los objetivos que perseguimos al presentar la demanda, que para nada es el cierre de las empresas tucumanas, sino que cese la contaminación”.
Al respecto, integrantes de la agrupación de pescadores de Las Termas expusieron ante el ministro de Justicia, Ricardo Daives, la delicada situación laboral que padecen a raíz de la contaminación, dado que cesó la actividad en el embalse ante la escasez de fauna ictícola.
Respuesta oficial
El encargado de ratificar la postura de Santiago del Estero ante la Corte es el fiscal de Estado, Raúl Abate, quien programó el viaje a Capital Federal para hacer las presentaciones pertinentes.
“Vamos a confirmar el estado que está en la causa y la postura”, manifestó, y dijo que espera por el pronunciamiento sobre si se declara competente el máximo tribunal del país.
Al ser consultado sobre la posición de Mussi quien expresó que no comparte la judicialización de la problemática ambiental, Abate recalcó: “Los afectados somos nosotros, la provincia, el afectado no es él que no está de acuerdo con la judicialización, pero no tenemos otro camino”.
Además, recordó que “las acciones hasta el momento han sido direccionadas contras las empresas, y empresarios, y por lo que tengo entendido, los empresarios no se han acercado a tratar de cumplir con nuestro pedido, las buenas intenciones que tienen los funcionarios no se compadecen de las que tienen los empresarios”, reprochó el funcionario provincial.
prensa.argentina.ar
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